A pesar de que la recién aprobada ley de puertos alcanzó un amplio consenso en su desarrollo y que los que han contribuido a su promulgación siguen manifestando su satisfacción por el resultado, lo cierto es que sus consecuencias, en el caso de las tasas, preocupan y mucho a buena parte del sector marítimo español.

El panorama no puede ser más dispar: por un lado González Laxe, presidente de Puertos del Estado, acompañado de Andrés Ayala y Rafael Simancas, ponentes de Ley de Puertos por PP y PSOE respectivamente, describían el pasado 26 de noviembre las bondades de la ley, en un acto celebrado por la Autoridad Portuaria de Alicante. Destacaron, entre otros puntos, el aumento de la autonomía que supone la nueva ley para las Autoridades Portuarias, lo que aumentará la competitividad y la eficiencia. Se repasaron las posibilidades de las nuevas bonificaciones previstas por la ley, cuya aplicación modificará el sistema de tasas en función de la estrategia de cada puerto y sus singularidades. También se destacó el estricto control económico-financiero que establece la ley bajo criterios de responsabilidad y equilibrio, al asumir compromisos de rentabilidad del 2,5 % anual.

En la otra cara de la moneda, Adolfo Utor, presidente de ANAVE, en un encuentro del sector portuario celebrado el pasado mes de noviembre, se lamentaba de las afirmaciones genéricas respecto a la bajada de tasas, en su opinión el cambio en el sistema de tasas es muy complejo y, en muchos tráficos estiman que se producirá una subida notable. Por otro lado, resaltó que los elevados coeficientes correctores que se han aplicado en muchos puertos no se justifican por los resultados de explotación. En paralelo, reclamaba, una vez más, mayor austeridad en la gestión de las Autoridades Portuarias, considerando que siguen realizando elevadas inversiones, a la par que siguen aumentando sus gastos de explotación, según dijo, de forma preocupante.

Según indica el Ente Público Puertos del Estado respecto al acumulado de enero a mayo de 2010, la mercancía general (77,4 millones de toneladas) y los contenedores (5,06 millones de TEUs) son los motores del tráfico, con un incremento del 10,37% y 8,7% respectivamente, en comparación con los datos del año anterior. Las cifras del mes de mayo de estos dos tipos de tráficos también son esperanzadoras, registrando aumentos de un 10,4% la mercancía general y un 9,8% los contenedores.

Mención especial merecen los graneles sólidos, que han tenido el mayor crecimiento en mayo, con 6,68 millones de toneladas y un incremento del 23,7%. Esto permite crecer, en este ámbito, en el acumulado de los cinco primeros meses del presente año un 3,57%.

Los graneles líquidos, por el contrario, son el único tráfico que acusa descenso en mayo, con un -11,22%, que deja el acumulado en 56,33 millones de toneladas, un 6,55% menos que en el mismo periodo de 2009.
El tráfico ro-ro creció un 4,3% en mayo y en los cinco primeros meses del año alcanzó los 16,49 millones de toneladas, un 5,57% más.

Respecto a los datos en base a los puertos españoles de interés general, la nota agridulce la pone la comunidad gallega, donde se registra el mayor aumento y el mayor descenso en cuanto a tráfico portuario: Marín y la Ría de Pontevedra han tenido un incremento del 32,04 % respecto a los cinco primeros meses de 2009, mientras que Vilagarcía registra un dato negativo que alcanza el -21,18 %.

Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia (SPC-Spain) nace en 2002 con el objetivo de promover el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia (Short Sea Shipping, SSS) como complemento y alternativa al transporte terrestre, con un marcado espíritu intermodal y en la línea de las directrices de la Unión Europea. Desde entonces los logros han sido muchos y la labor de Vidal al frente de la asociación ha sido ampliamente reconocida. No obstante, tras la Asamblea celebrada el pasado mes de febrero, el rumbo de SPC-Spain sufrió un cambio radical y las restricciones presupuestarias han obligado a reducir gastos con dos medidas: prescindiendo de la figura de Vidal y cambiando la ubicación de la asociación.

Por otra parte, con seis meses de retraso debido al cambio necesario en los estatutos tras el recorte de Puertos del Estado, el pasado 7 de julio se celebró la Asamblea Electoral de SPC-Spain, en la que se eligió a Manuel Carlier –en representación de ANAVE- como presidente de la asociación, así como a Antonio Góngora -en representación de Puertos del Estado- y Marcos Montero –presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías- como vicepresidentes de la misma.

En el mismo acto se aprobó el ingreso de cuatro nuevos miembros en la asociación: las Autoridades Portuarias de Gijón, Tarragona y Barcelona, así como Valencia Terminal Europa, S.L. (Grupo Grimaldi). Incorporaciones que responden a la intensa labor desarrollada por Enric Ticó, anterior presidente de SPC-Spain, cuyo objetivo ha sido incrementar al máximo el número de socios, para compensar la drástica reducción en la aportación de Puertos del Estado.

Según informa Puertos del Estado, la mercancía general, con 27,9 millones de toneladas, se ha incrementado un 11,6%; los graneles sólidos, con 12,5 millones de toneladas, se incrementaron un 7%; y los líquidos, que experimentaron un retroceso del 6,9%, alcanzaron los 22,3 millones de toneladas. Igualmente relevante ha sido el incremento del tráfico de pasajeros, que con 2,5 millones de personas, ha superado en un 3,6% los datos del año anterior. Dentro de este apartado los cruceristas, que ya suponen un 20% del tráfico de pasajeros, se incrementaron en un 11%.

Del resto de datos recogidos por Puertos del Estado destacan los incrementos del tráfico de contenedores (+7%), alcanzándose los 1,87 millones de TEUs (contenedores de 20 píes), con un reparto muy equilibrado casi al 50% entre tránsito importación-exportación, y nacional.

Por último, hay que señalar que en los dos primeros meses del año entraron en los puertos españoles un total de 17.676 buques, un 5,9% más que en el mismo periodo del año anterior, con un total de 240,8 millones de GT, que suponen un ligero aumento del 0,7%.

El actual Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Puertos de 2003 es la segunda intentona de modificar la actual legislación portuaria que acomete el presente gobierno. El acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular ha sido posible gracias al cambio de estrategia del equipo del Ministro de Fomento, José Blanco.

La prórroga de dos días ha sido debida a la pretensión del Ministro de sumar apoyos de los grupos minoritarios, con los que había inicialmente grandes discrepancias, entre las que destacan la mayor autonomía en la gestión de las autoridades portuarias, reclamadas por los grupos nacionalistas.

A pesar de ser ésta una reforma legislativa en la que se ha pretendido un máximo acuerdo, incluso con sesiones en las que los principales representantes del sector tuvieron la oportunidad de dar su visión, no se ha logrado el consenso esperado. Por su parte, los representantes de los trabajadores de la estiba, alzan su voz en contra del pacto alcanzado entre PP y PSOE, amenazando con un nuevo período de conflictividad en los puertos. CiU también se muestra disconforme con el acuerdo bipartidista, habiendo presentado su propio paquete de enmiendas.

Por su parte, la secretaria de Estado de Transportes, Concepción Gutiérrez, ha manifestado que el Gobierno confía en que la nueva Ley “supere vaivenes anteriores“. Gutiérrez afirmó que “estamos ante una oportunidad de unir el esfuerzo de todos“, siendo su intención la de superar las situaciones que se han dado en el pasado, sin consenso, para lograr el acuerdo entre todos los grupos políticos, y así “alcanzar un marco estable“.

Entre otras intervenciones, cabe destacar la del presidente de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), Adolfo Utor, quien afirmó que “los puertos y los servicios portuarios tienen una gran importancia para la economía española y, por ello, precisan un marco económico que promueva al máximo su eficiencia y sea lo más estable posible en el tiempo.”

Por otro lado, el presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe destacó la necesidad de que el futuro modelo legislativo apueste por potenciar la eficacia, la eficiencia y la competitividad de los puertos, y para ello pidió que exista un entendimiento entre todos.

Los representantes de las autoridades portuarias de Las Palmas, Bilbao, Barcelona, Valencia y Algeciras participaron también en la Comisión, haciendo similares peticiones, entre ellas reclamar más autonomía para que los puertos sean autosuficientes, que se incorpore cómo debe de ser la implicación del sector privado o fijar un criterio flexible en las tasas para poder ser competitivos frente a las instalaciones de otros países.

Concretamente el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, en su intervención demandó que la nueva Ley no reconozca al transporte terrestre de mercancías, especialmente el de contenedores, como servicio comercial, “tal y como recoge el proyecto actual”. Aznar se mostró partidario de que las Autoridades Portuarias puedan encargarse de tareas de seguridad y ordenación del tráfico dentro del recinto, a través de la Policía Portuaria, pero consideró un error el que se reconozca al transporte terrestre como servicio comercial.