Tras casi cinco años de litigio, el pasado mes de febrero el Tribunal Supremo de los Estados Unidos obligaba a la empresa cazatesoros Odyssey Marine Exploration a entregar a España el tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes (595.000 monedas de plata y oro), encontrado en 2007 frente a las costas del Algarve portugués. Esta sentencia, unida a otras precedentes como las de los buques El Juno y La Galga también a favor de nuestro país, suponen un acontecimiento importante en la defensa del patrimonio histórico perdido en naufragios.

Imagen del tesoro de "La Mercedes" obtenida por el robot Zeus. Imagen: www.shipwreck.net

El 5 de octubre de 1804, en la batalla del Cabo de Santa María, la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes se hundía por un cañonazo de los barcos ingleses, frente a la costa de Huelva. Perecieron 249 personas y el buque con su cargamento de 595.000 monedas de plata y oro con la efigie de Carlos IV, lingotes de cobre y estaño, cerámicas, entre otros objetos, quedó en el fondo del océano hasta que, en mayo de 2007, la empresa norteamericana Odyssey Marine Exploration extrajo el tesoro a la superficie, en una actuación plagada de intentos malintencionados de que no trascendiera que se trataba de la fragata española. La empresa norteamericana anunció que habían hallado lo que vinieron a denominar el “Cisne Negro”  frente a las costas del Algarve y en España saltaron todas las alarmas. El Gobierno puso en marcha un comité de crisis coordinado por el Ministerio de Cultura y compuesto por todos los departamentos competentes: Guardia Civil, la Armada, Exteriores, Presidencia, Fomento con Costas y Vigilancia Marítima, y por supuesto los abogados españoles, con el experimentado en estos asuntos, James Goold, a la cabeza. Tras una intensa y coordinada labor de investigación, se llegó a la conclusión inequívoca de que se trataba de La Mercedes, por lo que se iniciaron las gestiones legales para solicitar la devolución a España de todo el material encontrado por Odyssey, gestiones que el pasado mes de febrero y tras casi cinco largos años de lucha legal, consiguieron un rotundo éxito para nuestro país y, en general, para  la protección de la arqueología subacuática a nivel mundial.

Así como los bienes arqueológicos terrestres disponen de un sistema de protección jurídica extraordinariamente eficaz al ser considerados “bienes de dominio público” y, por lo tanto, no susceptibles de comercio (extra commercium) ni de apropiación privada y  con un obligado destino público (disfrutados por todos); los bienes arqueológicos subacuáticos, por el contrario, han tardado mucho más en disponer de una protección eficaz. Tradicionalmente han sido considerados “tesoros ocultos” y se regían por la regla de la ocupación (pertenecían a quiénes los encontraban). Afortunadamente, el Convenio de la UNESCO sobre el Patrimonio Subacuático, que entró en vigor en 2009, enfoca la visión de este patrimonio como un bien de interés general de las sociedades, los Estados, las Naciones y la Humanidad entera. En este sentido enuncia principios tales como que el patrimonio subacuático no será objeto de explotación comercial y, muy especialmente, la preferencia por la conservación “in situ” de este tipo de restos arqueológicos.

Las sentencias dictadas por los jueces norteamericanos en este litigio son reflejo del espíritu de estos principios jurídico culturales. Las palabras del juez Mark Pizzo del Juzgado de Tampa (Florida) no dan lugar a equívoco: “Más de 200 años han pasado desde que La Mercedes explotó. El lugar donde descansan sus restos y los de los que murieron aquel fatídico día ha permanecido intacto durante siglos. Hasta hace poco. Las leyes internacionales reconocen la solemnidad de su recuerdo y el interés de España por preservarlo. El seguimiento de esta corte a esos principios promueve el respeto recíproco por los muertos de nuestras naciones del mar. Esta corte de la razón a España sobre el yacimiento de La Mercedes y desestima la reclamación de Odyssey“. Éste es el punto de inflexión en la protección de los bienes culturales subacuáticos, una referencia para el futuro y un precedente muy a tener en cuenta por las empresas que buscan su enriquecimiento a costa del patrimonio arqueológico que descansa en el fondo del mar.

La actuación del gobierno estadounidense ha sido ejemplar: las secretarías de Estado y Defensa norteamericanas han apoyado a España públicamente en todo momento, incluso antes de las primeras órdenes judiciales y a pesar de las artimañas lobistas de Odyssey en el Congreso y Senado de Estados Unidos. Esta loable actuación del gobierno norteamericano choca frontalmente con la posición del gobierno gibraltareño, que en todo momento se ha mostrado colaborador con la empresa cazatesoros y que en nada ha facilitado la labor del gobierno español en su más que justa y justificada reclamación.